Condenado expolicía que enviaba a Colombianas a Europa para ser explotadas sexualmente

Carlos Augusto Fernández Raigosa (40 años), un expolicía de Medellín, fue condenado a 7 años de cárcel por formar parte de una red de trata de personas.

El exfuncionario reconoció su responsabilidad en el crimen y logró así reducir su condena a la mitad. 

A las víctimas les ofrecían trabajar como modelos webcam en Europa con un supuesto pago inicial de 1000 euros semanales. De esta manera, las trasladaban hasta Francia. Al llegar, les decomisaban sus pasaportes y las incorporaban a catálogos de prostitución. 

El medio El País, tuvo acceso al expediente completo e indica que en el documento se advierte que a una de las víctimas colombianas le pagaban de vez en cuando unos 10 euros diarios, que apenas le alcanzaba para comer.

“Perdió tantos kilos que ya no se parecía a las fotos de la página web”, se lee en uno de los oficios que enviaron las autoridades francesas a las colombianas. “La víctima calculaba que –siendo explotada sexualmente-, los proxenetas recibían entre 5000 y 6000 euros a la semana”, indican.

Captura del expolicía Carlos Augusto Fernández

Un operativo de rescate, una alerta de la Policía Judicial de Francia y un proxeneta griego fueron las pistas de las autoridades colombianas para desmantelar una banda de trata de personas, comienza explicando el mencionado medio. 

El material muestra cómo otros policías utilizaron el poder de su cargo en el comando de Policía del Valle de Aburrá, ubicado en pleno centro de Medellín, para captar víctimas.

Dejamos para ustedes la investigación detallada del medio El País: 

Modus operandi 

En agosto de 2022, una mujer sin empleo se acercó al comando de la Policía del Valle de Aburrá. 

Alejandra [nombra cambiado para proteger su identidad] Buscaba vender allí las boletas de una rifa, en la que era su forma desesperada de reunir fondos para vivir. Según ha contado a las autoridades judiciales, allí le ofrecieron trabajar como modelo webcam en Francia, a cambio de recibir pagos que arrancaban en mil euros a la semana. 

En los documentos consta que el primero en hacer la oferta fue Carlos Augusto Fernández, quien tenía el grado de intendente (el tercer escalafón en el nivel operativo, por encima de patrullero y subintendente) y se pensionó de la institución meses después. 

Fernández no trabajaba solo. La Fiscalía ha identificado a dos cómplices, Diego Cárdenas Gaitán y Jorge Restrepo Lemus, quienes consolidaron la red en Medellín, este último bajo el uniforme de la Policía Nacional.

El mencionado ente colombiana explicó que Fernández adelantaba “labores de coordinador de actividades de la estructura criminal”.

Por ejemplo, no solo captaba a las mujeres, sino que les exigía a los otros miembros de la banda que le enviaran fotos de las mujeres en ropa interior. El argumento para pedirlas a las víctimas era que necesitaban ver si se ajustaban a los perfiles que pedían como webcamers.

 Fernández también se encargaba de su traslado a Europa. En el expediente, se da cuenta de que él fue el encargado de transportar a Alejandra hasta el aeropuerto internacional de Rionegro, en septiembre de 2022. Lo hizo en el carro de su esposa. Ahí le entregó las indicaciones del viaje, le dijo quién la recibiría en Europa y le advirtió, en varias ocasiones, que “no podía arrepentirse”.

Supuestamente se podían desvincular cuando quisieran al llegar a Europa 

Era un tiquete sin regreso. Aunque el compromiso verbal era que podían desvincularse de la organización cuando quisieran, con el único requisito de devolver el dinero que el grupo había gastado en los tiquetes aéreos.

Sin embargo, apenas pisaban suelo europeo, los criminales publicaban las fotos de las víctimas en páginas de prostitución que funcionan como catálogos sexuales, y las encerraban y les confiscaban el pasaporte para así evitar que escaparan de su control.

El enlace en Francia era Georges Kalliterakis, un griego conocido como “León”. 

Él las recibía en los aeropuertos y las llevaba hasta los lugares en los que serían encerradas. Gracias a varias conversaciones vía WhatsApp que ella y otras mujeres mantuvieron con los expolicías, la Fiscalía colombiana determinó que ellas sufrían maltratos físicos y abusos sexuales.

Testimonio del abogados de Carlos Augusto Fernández Raigosa 

En diálogo con este diario, el abogado de Fernández, Juan Mario Tobón, dice que al expolicía lo condenaron “apenas por un caso” de trata. Según él, al exintendente le ofrecieron entrar a la organización delincuencial a mediados de 2022 “por las ventajas que tiene para estos criminales contactarse con gente de la fuerza pública”. 

Explica que esos vínculos les generan una suerte de protección frente a la justicia, o por lo menos esa era la expectativa. Asegura que el rol de su cliente era menor al que la Fiscalía ha reseñado. 

“Era un mando medio o bajo”, aclara, y asegura que a los policías les suelen ofrecer una comisión de dos millones de pesos (478 dólares) por cada víctima que logren concretar. 

“Eso les funciona en masa”, argumenta, señalando que su cliente y sus dos cómplices en Medellín eran apenas uno de muchos brazos de los delincuentes europeos para reclutar víctimas.

Por eso, argumenta que lo que han logrado las autoridades al judicializar a los tres hombres de Medellín es algo menor. “No fue ningún golpe a la organización delictiva”, advierte, en referencia a la red europea.

El griego 

 Kalliterakis, el griego, fue capturado por las autoridades francesas en marzo de 2023. En uno de los casos que reseña su expediente, de otra víctima colombiana, se advierte que le pagaba de vez en cuando unos 10 euros diarios, que apenas le alcanzaba para comer mal. “Perdió tantos kilos que ya no se parecía a las fotos de la página web”, se lee en uno de los oficios que enviaron las autoridades francesas a las colombianas. “La víctima calculaba que -siendo explotada sexualmente-, los proxenetas recibían entre 5.000 y 6.000 euros a la semana”, dice.

Un informe de la Procuraduría señala que, para 2023, había 51 investigaciones por presunta complicidad de funcionarios o integrantes de la fuerza pública en redes de trata de personas. Hasta ese año, la Fiscalía había recibido 22 solicitudes internacionales para investigar ese delito, por parte de Chile, Panamá, México, Venezuela y Perú. 

A su vez, había solicitado apoyo judicial a España, Panamá, Chile, República Dominicana y México por el mismo crimen. “En 2023, los funcionarios abrieron 47 alertas criminales debido a la cooperación con gobiernos extranjeros”, se lee en un informe de la embajada de Estados Unidos.

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