Parlamento: “Cárcel para quien compre servicios sexuales en Suecia”

cárcel para quienes compren servicios sexuales

El 31 de mayo el Parlamento de Suecia votará por una reforma que busca aumentar el castigo mínimo por la compra de servicios sexuales; al pasar de una multa a una sentencia de prisión obligatoria.

Ante esto, la Alianza Europea de Trabajadoras Sexuales (ESWA, por sus siglas en inglés) ha enviado una carta al Parlamento sueco. En el documento se indica que la prisión obligatoria para los compradores de sexo consensuado amenaza los medios de vida de las trabajadoras sexuales.

De igual forma, invita a tomar en cuenta al gremio en la discusión y la creación de una ley que regule su oficio.

“Las trabajadoras sexuales en Suecia, como en muchos países de Europa y del mundo, se encuentran entre los miembros más marginados de la sociedad”, se lee en la carta.

La alianza también plantea que sus recomendaciones para crear un marco legal que garantice sus derechos humanos y laborales se tomen en cuenta.

Suecia criminaliza la compra de sexo consensuado

La carta de ESWA citó a la académica Niina Vuolajärvi, profesora de la London School of Economics and Political Science, quien investigó la “lucha contra el tráfico sexual en Suecia”.

“La búsqueda de compradores de sexo y la lucha contra el tráfico sexual funcionan como una policía punitiva y racializada, dirigida a personas en el comercio sexual y que resulta en desalojos forzosos, deportaciones y acoso policial (…) aumenta su vulnerabilidad a la violencia y a las experiencias de estigmatización”, cita XBIZ la investigación de Vuolajärvi.

Asimismo, la Red Umbrella Sweden, organización de derechos de las trabajadoras sexuales en Suecia, se pronunció y manifestó que ninguna de sus organizaciones fue invitada a dar su opinión ante la reforma que los afecta directamente.

En Suecia existe un amplio número de defensores que buscan reformar la legislación sobre el trabajo sexual. El objetivo es eliminar los medios de apoyo de las trabajadoras sexuales a través de una mayor criminalización de la práctica.

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